sábado 14 diciembre 2019
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Tarjeta Electrónica para empresas y autónomos

La Comisión Europea ha propuesto crear una tarjeta electrónica para facilitar y agilizar los trámites que tienen que realizar las empresas y autónomos para prestar sus servicios en otros países de la Unión Europea.

Esta propuesta forma parte de un paquete de medidas presentado por el Ejecutivo comunitario para dar «un nuevo impulso» al mercado de servicios europeo, que representa el 70% de la economía de la UE y genera el 90% de los nuevo empleos, y nace con la intención de reducir los trámites administrativos y el coste que conlleva conseguir los permisos necesarios para poder desarrollar su actividad fuera de su país de origen y en el marco de la Unión Europea.

La tarjeta se solicitará en el país de residencia del autónomo o de la empresa, en su lengua oficial y a través de internet, proporcionando toda la información necesaria para obtener el permiso. Esta información será verificada por las autoridades nacionales y transmitida al país de destino, que la traducirá en su idioma y decidirá si cumple los requisitos nacionales o la deniega. Una vez aprobado y obtenida la tarjeta, esta tiene vigencia indefinida, a no ser que se detecten irregularidades y se suspenda o cancele.

Bruselas calcula que este procedimiento, que será voluntario, reducirá de 16 semanas a 7 ó 9 semanas el tiempo necesario para tramitar la apertura de una oficina en el extranjero y hasta en un 50 % los gastos de administración, que pueden alcanzar los 10.000 euros. Además evitará pagar traducciones oficiales adicionales o realizar los mismos trámites varias veces, al mismo tiempo que facilitará la obtención de seguros para los profesionales en el país de destino.

De momento, la tarjeta no empezará a funcionar hasta que concluya la tramitación legislativa de los otros dos proyectos aprobados por Bruselas (un proyecto de directiva y otro de reglamento). Además no estará disponible para cualquier profesional ya que, tal y como ha confirmado la Comisión Europea, está reservada a empresas y autónomos vinculados a la construcción, la arquitectura, la ingeniería, la informática, la gestión de viajes o la limpieza, quedando fuera otras áreas como la sanidad, la abogacía, las telecomunicaciones, el transporte, la auditoría o la seguridad.

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